Frente a los avances

en la reproducción asistida de seres humanos:
Se propone la adecuación y aplicación

 de la Ley de Adopción

a gametos y  embriones humanos

 

por Teodora Zamudio

 

Hace ya más de dos años, los diarios y revistas dieron la noticia de que, en la ciudad de Buenos Aires, había nacido un niño gracias a la «donación» de un embrión críoconservado desde hacia ocho años que sus padres biológicos habían concretado nueve meses antes (en realidad su madre biológica y su esposo, pues el embrión era el resultado de la inseminación del óvulo de la mujer con semen de un donante anónimo). El feliz desenlace ocurrió cuando otra pareja prefirió este embrión, a sugestión de los facultativos de la clínica especializada donde habían acudido en busca de cumplir el sueño de la paternidad/maternidad hasta entonces esquiva..

Me llamó la atención las palabras usadas por el periodista que insistió un par de veces más en que gracias a los buenos oficios de los médicos esta «cesión» había sido posible. El prurito leguleyo no es vano y puede ayudar a poner algo de luz en los valores en juego y a asumir ciertas responsabilidades.

Los institutos de la donación y de la cesión identifican sendos contratos que llevan por objeto bienes susceptibles de apreciación pecuniaria... Los embriones (incluso los gametos previos que le darán existencia) no han sido hasta el momento incluidos o excluidos de tal categoría jurídica, por lo que técnicamente nada sería objetable en tanto no se oponga a ello las aún vigentes «moral y buenas costumbres» que deben no estar ausente de todo acto so pena de nulidad, esto es, privación de los efectos tenidos en miras al contratar.

Por supuesto que nadie estaría interesado en «anular» la nueva paternidad/maternidad, mucho menos tal nacimiento, pero el hecho es revelador de un estado de cosas en nuestra sociedad que debe y reclama (más aún de los propios actores) un marco de seguridad jurídica y sana certeza moral.

No creo que el referido haya sido el caso, pero tales contratos (la cesión como género) pueden rotularse de onerosos (y de hecho, al intervenir una sociedad comercial -como lo son la mayoría de las clínicas-, lo suponen), y no sólo los servicios médicos, sino que los gametos del donante anónimo y hasta el embrión mismo, podrían haber estado sujetos a un ‘precio’ (insisto que no creo que haya sido así en el caso puntual). Esto repudiaría a esa moral y buenas costumbres que se enuncian como imperante... o ¿deberíamos preguntarnos si ha cambiado –o sido derogada- esta condición imperativa?.

La ciencia hace hoy posible el embarazo en los casos que hasta hace poco tiempo no era soñable (se calcula que en Buenos Aires los embarazos logrados mediante fecundación asistida –homóloga y heteróloga- suman unos 90 casos mensuales), bien que los costos reservan esta posibilidad para unos pocos, todavía; pero la tendencia a considerar como una enfermedad la imposibilidad ‘natural’ de procrear, hará que muy pronto sea considerada dentro de los servicios prestables por  las obras sociales y hasta de los hospitales públicos.

El momento es propicio, pues, para entablar definitivamente el debate que se viene requiriendo -pero siempre eludiendo- de los temas que la medicina y la genética finiseculares ha dejado pendientes para este nuevo milenio.

La condición o el estatus jurídico de los embriones y de los gametos ha tenido definiciones de todos los cortes y matices, si bien nuestra sociedad mixta y plural no ha encontrado en ninguna de ellas una con la que se identifique; la «democracia no ha encontrado las mayorías», las instituciones no se ha pronunciado por ninguna de las posiciones  enunciadas y se ha preferido el silencio legislativo.

Las cosas se podrían haber encauzado solas y el derecho hubiera consagrado, a la postre, la actitud social adoptada. Pero esa acción (o, sería mejor decir, reacción ante la cuestión) no parece válida cuando son tantas las consecuencias: manipulación genética, subrogación de vientres, experimentación en seres humanos, etc.

Trato de evidenciar: cómo la no adopción de una clara postura legal frente a la reproducción asistida trae aparejada una serie de indefiniciones (o definiciones consecuentes) en otros contextos cercanos, muy sensibles... Por otra parte, vemos que no se trata de hechos de ciencia ficción o acontecimientos que ocurren en países sajones o protestantes (por ejemplificar a los otros, a los lejanos), tienen lugar hoy y aquí y por ello incumben a nuestra sociedad, a nuestros juristas y legisladores.

Lejos de asumir ninguno de los dos últimos roles mencionados pero sí, definitivamente, como miembro activo de esta sociedad, me siento con el deber y facultad de enunciar una posición no sólo de principio, sino de instrumentación.

La propuesta no dista de ser una solución de lógica vulgar (por no docta): tanto los gametos como los embriones logrados a partir de ellos están –indudablemente- destinados a ser “seres humanos” vivos, ambulantes, independientes y autónomos, bien que en su estado actual (de gametos o embriones) sólo atisban a ser un proyecto o más bien una promesa de proyecto, en tal condición (dada por su futuro posible) debe serles aplicable las reglas de la adopción plena –bien que reconozco el engorro administrativo y procedimental en que se ha convertido tan noble normativa, pero de ello permítase hacerme cargo más tarde.

Las entidades comprometidas en el instituto serían: el gameto (femenino o masculino) entregado a la clínica especializada en guarda para su posterior adopción (uso procreativo); del mismo modo los embriones no implantados, logrados por fertilización homóloga o heteróloga (si ella fuera aceptada, ésta no es la cuestión del presente planteo), que la pareja que instó su formación no desea para sí o que por razones de divorcio o muerte de uno de los cónyuges no podrá serle implantado a la mujer de la pareja –que llamaré- originaria.

Lo que propongo es deconstruir las categorías jurídicas objetivas vigentes en pro de asumir, calificar al «gameto» desde su finalidad: siendo que es entregado para constituir un ser humano, lo ‘incluyo’ en el régimen de la adopción no por su estatus jurídico propio tradicional sino por la FINALIDAD con la que se entregó

De este modo una mujer que, ante la negativa del ex-marido o la muerte de él (en el caso de fertilización homóloga), puede llevar adelante la gestación asumiendo -ella sola- la adopción plena del embrión en cuestión. Ello así por considerar que en todos los casos la entrega de los gametos a la institución médica supone una entrega en guarda y que la paternidad/maternidad se adquiere con la adopción, judicialmente otorgada, previa a la implantación.

La seriedad y sofisticación científicas de las instituciones dedicadas a fertilización asistida ha de ser tal como para que, si confiamos que hayan manipulado (usando este término en su sentido lato y carente de toda connotación irrespetuosa) hasta hoy la técnica, lo sean para ejercer una guarda que requiere además de la insoslayable moralidad, un grado superior de destreza técnica para la crioconservación.

Me parece que la mesura con la que –deontológicamente- se han conducido hasta hoy tales instituciones al no superar los límites mínimos de extracción y de fecundación de óvulos, hace suponer que el número de embriones críoconservados no serán millones, ni miles, ni cientos como para impedir su conservación sine die. (Es verdad que en muchos lugares tienen el problema de los embriones supernumerarios, pero en la Argentina se manejan los mínimos como en Alemania, es decir no más de tres embriones. Ese fue el caso argentino que comenté al comienzo, se implantó uno y el embarazo fue exitoso!! Dos años después, el segundo logró igual final. El tercero fue considerado fuera de las posibilidades prácticas de la familia y por eso fue « cedido »).

El concepto que subyace en esta postura no es el considerar persona al embrión no implantado –reitero que estoy muy lejos de poder, ante las posibilidades científicas de hoy, asumir el intento de ceñirme a conceptos jurídicos bizantinos. De hecho nunca fue muy claro desde cuándo se era ‘persona’ y, ya desde los albores de la civilización romano-cristiana, el concepto de persona fue ‘mutante’, relativo. Creo que sería mejor deconstruir ciertas categorías en los casos en que son insuficientes y manejarlas a través de aquellos institutos que sí nos lo permite la recta razón y el sentido común.

En el caso de esta ponencia el concepto ‘persona humana’ (tradicionalmente expuesto) no parece satisfacer el análisis jurídico, en cambio la ratio de la solución propuesta se funda en la voluntad de los actores de la reproducción buscada, que no debe ser presumida de vil o ilegal o delictiva sino simplemente la de facilitar el nacimiento de un nuevo ser humano... hecho innegablemente merecedor de reconocimiento y protección legal.